En México, todo un arsenal de políticas públicas ha sido implementado por el gobierno
federal en los últimos diez años. Con el fin de hacer que su acción sea a largo plazo y
generar cambios estructurales, las autoridades se han dirigido a los públicos jóvenes.
Con la adopción de medidas restrictivas, han tratado de actuar directamente sobre su
acceso a alimentos considerados de riesgo, por ejemplo, prohibiendo la venta o la
distribución a menores de edad de bebidas azucaradas gaseosas envasadas y de alimentos
con ácidos grasos procesados o niveles excesivos de azúcar.
Otras medidas se han centrado en las actividades comerciales de distribución y promoción
de la «comida basura», prohibiendo cualquier publicidad dirigida a menores, o
instaurando un sistema de etiquetado nutricional y un impuesto sobre las bebidas
azucaradas. Este último, que asciende a 1 peso por litro de bebida azucarada, se
introdujo en 2014, con efectos significativos a largo plazo, especialmente sobre la
diabetes. Se prevé su duplicación.
Además de estas medidas prohibitivas, México también ha promovido acciones de
sensibilización relacionadas con la práctica deportiva. Se ha establecido un programa
gubernamental en los centros escolares públicos para animar a los jóvenes a participar
en actividades deportivas y promover hábitos alimentarios más saludables.
Las acciones innovadoras combinadas que se han llevado a cabo en todo el país ya han
inspirado a ciertos Estados vecinos, como Chile o Perú, que han adoptado medidas
similares.
