Lanzada en noviembre de 2015 por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez (Frente Amplio,
coalición de partidos de izquierda), la iniciativa «Diálogo Social: Uruguay hacia el
futuro» tenía como objetivo estimular una reflexión común en tres ámbitos: desarrollo e
inserción internacional, protección social y políticas transversales.
Durante dos años, los 632 organismos participantes dialogaron con el Gobierno y
organizaciones internacionales. Junto con entidades de la sociedad civil, la patronal,
los sindicatos y el mundo académico, estuvieron detrás de 210 propuestas. Tal
movilización no es algo raro en Uruguay, ya que el diálogo social en este país forma
parte de una larga tradición de concertación en la elaboración de políticas públicas.
Los medios sociales, médicos y académicos, así como las empresas privadas están
especialmente apegados a estas prácticas participativas con el ánimo de defender el
Estado de bienestar uruguayo. Una vez fijadas las grandes orientaciones, el diálogo
social ha decaído un poco, debido a la llegada al poder en 2019 de un presidente con
orientaciones políticas contrarias a la gobernanza participativa y a la pandemia de
Covid-19 en 2020. Aun así, Uruguay sigue siendo el segundo país de América Latina más
avanzado en la implementación de los ODS, detrás de Chile. El país ya ha alcanzado las
metas correspondientes a los objetivos de lucha contra la pobreza (ODS 1), de educación
(ODS 4), de agua y saneamiento (ODS 6), de energías limpias (ODS 7) y de ciudades
sostenibles (ODS 11).
