Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible

En Colombia, la firma en 2016 de un acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) debía poner fin a una guerra total, brutal y de múltiples actores. No obstante, el proceso de negociación, que se llevó a cabo a puertas cerradas en La Habana, generó controversia en el país, ya que se producía después de una larga y traumática trayectoria de discusiones abortadas, de desmovilizaciones fallidas y de impunidad. Afligida por estas experiencias y por medio siglo de conflicto, la sociedad colombiana depositaba grandes esperanzas en el restablecimiento de un principio de justicia basado en el reconocimiento de los crímenes cometidos.

La CEV, creada por el decreto 588 de 2017 y disuelta tras la finalización de su mandato a principios de 2023, tenía por misión contribuir a la identificación, la caracterización y la explicación de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto armado, con miras a construir un discurso común y a promover la reconciliación. Adoptó un enfoque decididamente territorial, con un despliegue institucional y humano colosal en los departamentos colombianos.

Desarrolló una comprensión muy afinada del impacto diferenciado de la violencia en grupos de población caracterizados por la posesión de uno o más factores de vulnerabilidad, correspondientes a ciertos de los grandes desafíos de la Agenda 2030: etnia, identidad sexual y de género, edad y discapacidad.