Aun así, la presencia de estas comunidades constituye un elemento clave en la protección
de los recursos naturales locales. No sólo ejercen un rol de vigilancia, sino que han
establecido modos de producción y de consumo que les permiten vivir en armonía con la
naturaleza que les rodea.
En Bolivia, uno de los Estados latinoamericanos más afectados por la deforestación, las
autoridades locales de la región de Alto Beni han comprendido bien el importante papel
que desempeñan estos actores y la necesidad de incluirlos en la protección y la gestión
de los ecosistemas forestales. Las negociaciones llevadas a cabo a lo largo de 2022 bajo
los auspicios de la ONG Conservación Internacional han permitido la elaboración de un
decreto municipal que ratifica la creación de un área protegida de casi 40 000 hectáreas
en este territorio amazónico de alto valor ecológico.
A la espera de certificaciones nacionales e internacionales, este decreto establece una
distinción entre dos tipos de espacios: «parques naturales» y «áreas naturales de manejo
integrado». Este mecanismo, presente en la Constitución de Bolivia, tiene la ventaja de
valorizar la
participación activa de los pueblos indígenas en la conservación de los recursos
naturales, al tiempo que les permite desarrollar actividades económicas y productivas
sostenibles.
